Dejó de ser todo reluciente en el "mejor gobierno" de Sudamérica
Chile. Resalta mal manejo de fondos públicos y de instituciones estatales
THE ECONOMIST
Chile ha sido desde hace mucho tiempo considerado el país mejor gobernado de América Latina. Sin embargo, su reputación perdió lustre en los últimos tiempos a fuerza de acusaciones de corrupción y mal manejo de los fondos públicos.
Al principio, las cantidades implicadAs eran tan pequeñas que no parecía sino confirmar la reputación del país. Hace seis años, hubo un alboroto cuando 20 mil dólares entraron en los bolsillos equivocados de alguien en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Más tarde, se encontró que la misma cartera utilizó contratos externos para elevar los sueldos de sus empleados.
Pero desde entonces, los casos han sido más espesos, más rápidos y más dolorosos. Estos incluyen los casos de fraude, real o en grado de tentativa, en la agencia de promoción de deportes (ChileDeportes), el servicio estatal de ferrocarril y, el más reciente, en el registro civil.
Aún el golpe más grande a la fe de los chilenos en sus instituciones públicas fue el descubrimiento a principios de año de un agujero de 263 mil millones de pesos (unos 560 millones de dólares), el equivalente a un 0.3 % del PIB, en el Ministerio de Educación durante el período 2004-06. Esto condujo a la destitución por el Congreso -la primera de un miembro de gabinete desde la restauración de democracia en 1990- de Yasna Provoste, la titular de la cartera.
Este caso de los fondos para la educación faltante, en realidad parecen apuntar más a la incompetencia que al fraude. Todas indica que la mayor parte del dinero fue enviado, como estaba previsto, a las escuelas de la capital, Santiago. Pero la inhabilidad de un ministerio qué gasta casi un quinto del presupuesto del gobierno en mantener sus balances en orden sugiere que la administración pública de Chile, que hace solo dos años fue descrita por el BID como la más eficiente de la región, no lo es tanto como su reputación. "Estoy enormemente preocupado por los signos de fatiga que presenta el aparato estatal", admite Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior desde enero.
El problema subyacente, sin embargo, es que el gasto público ha aumentado más rápido que la capacidad de la administración pública de gastarlo correctamente. El presupuesto se ha multiplicado por seis desde 1990, a 36 mil millones de dólares este año. Mientras tanto, los funcionarios están aferrados a viejas tecnologías de procedimientos. El Ministerio de Educación es un ejemplo. Las contabilidades de su división responsable de los pagos a escuelas en Santiago han estado en la mira durante una década, pero fue recién el año pasado que comenzó a sustituir cheques firmados por mano por transferencias electrónicas.
Esta fatiga es atribuida, y no sin razón, a la Concertación Democrática, la coalición de centro-izquierda que ha ganado Chile desde 1990, cuando terminó la dictadura de Augusto Pinochet (ver aparte). Pero parte del problema puede encontrarse en, justamente, la herencia que le dejó el propio Pinochet, que gobernó Chile con mano de hierro desde 1973 hasta 1990.
Esto legó un nudo de leyes que han hecho difícil de cambiar los funcionamientos del estado, además de afianzarlo constitucionalmente. Como el crecimiento sostenido económico aumentó el tesoro público, el gobierno encontró más fácil crear ad hoc los Programas que no requieren la aprobación del Congreso, más que intentar que el Poder Legislativo reestructure las instituciones para que estén más acorde con las demandas actuales.
Este truco demostró ser tan conveniente que algunos de estos programas tienen ahora un presupuesto más grande que muchas agencias gubernamentales, advierte Rosanna Costa, una experta en asuntos fiscales perteneciente al think tank Libertad y Desarrollo.
Algunos de ellos hacen las cosas bien. Uno, Chile Solidario, está en buena parte detrás del éxito en reducir la pobreza en el país. Pero, debido a que estos programas suelen afectar a varios ministerios al mismo tiempo, las eventuales responsabilidades se diluyen. "Ya no se riega la cancha con una manguera, sino con regaderas que operan desde muchos lados: municipios, organismos privados, fundaciones… y en ese camino puede haber escapes de agua", dijo Ramiro Mendoza, titular de la agencia autónoma responsable de revisar al gobierno -la Contraloría General- al diario La Tercera.
Más que agencias, enclaves electorales
En su cuarta administración, la Concertación se ha vuelto tan acostumbrada al poder que la idea del gobierno como una suerte de "voto de confianza" temporal se ha dejado bastante de lado. Los funcionarios reconocen en privado que algunas agencias estatales han sido "copadas" por los partidos que constituyen la coalición de gobierno; que las usan como una fuente de empleos para los miembros que resultan ser temporalmente fuera de la administración; y las miran como una fuente potencial de fondos electorales.
Una ley de 2003, para crear una administración pública profesional, redujo enormemente el número de personas que son designadas políticamente. Cuando la presidenta Michelle Bachelet tomó posesión del cargo en 2006, le permitieron designar solo a 800 funcionarios (de un universo de 160 mil), un cuarto de la cantidad que había designado seis años atrás su predecesor, Ricardo Lagos. Todos los expertos coinciden en que un nuevo modelo de estado es necesario si el gobierno pretende poner en práctica una agenda que incluya una mejor calidad en la educación estatal y una gran reforma en el sistema de pensiones, lo que se estima para julio.
O, advierten, para las elecciones presidenciales de 2009, los votantes pueden concluir que la Concertación es, más que la solución, parte del problema.
De la OEA a La Moneda
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, es uno de los más posibles candidatos oficialistas para la elección presidencial de fines de 2009 en su país, una aspiración que no esconde, en la que discretamente ya trabaja y que haría oficial en octubre próximo, según analistas. Insulza es la carta favorita de la actual directiva del Partido Socialista. AFP
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Chile ha sido desde hace mucho tiempo considerado el país mejor gobernado de América Latina. Sin embargo, su reputación perdió lustre en los últimos tiempos a fuerza de acusaciones de corrupción y mal manejo de los fondos públicos.
Al principio, las cantidades implicadAs eran tan pequeñas que no parecía sino confirmar la reputación del país. Hace seis años, hubo un alboroto cuando 20 mil dólares entraron en los bolsillos equivocados de alguien en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Más tarde, se encontró que la misma cartera utilizó contratos externos para elevar los sueldos de sus empleados.
Pero desde entonces, los casos han sido más espesos, más rápidos y más dolorosos. Estos incluyen los casos de fraude, real o en grado de tentativa, en la agencia de promoción de deportes (ChileDeportes), el servicio estatal de ferrocarril y, el más reciente, en el registro civil.
Aún el golpe más grande a la fe de los chilenos en sus instituciones públicas fue el descubrimiento a principios de año de un agujero de 263 mil millones de pesos (unos 560 millones de dólares), el equivalente a un 0.3 % del PIB, en el Ministerio de Educación durante el período 2004-06. Esto condujo a la destitución por el Congreso -la primera de un miembro de gabinete desde la restauración de democracia en 1990- de Yasna Provoste, la titular de la cartera.
Este caso de los fondos para la educación faltante, en realidad parecen apuntar más a la incompetencia que al fraude. Todas indica que la mayor parte del dinero fue enviado, como estaba previsto, a las escuelas de la capital, Santiago. Pero la inhabilidad de un ministerio qué gasta casi un quinto del presupuesto del gobierno en mantener sus balances en orden sugiere que la administración pública de Chile, que hace solo dos años fue descrita por el BID como la más eficiente de la región, no lo es tanto como su reputación. "Estoy enormemente preocupado por los signos de fatiga que presenta el aparato estatal", admite Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior desde enero.
El problema subyacente, sin embargo, es que el gasto público ha aumentado más rápido que la capacidad de la administración pública de gastarlo correctamente. El presupuesto se ha multiplicado por seis desde 1990, a 36 mil millones de dólares este año. Mientras tanto, los funcionarios están aferrados a viejas tecnologías de procedimientos. El Ministerio de Educación es un ejemplo. Las contabilidades de su división responsable de los pagos a escuelas en Santiago han estado en la mira durante una década, pero fue recién el año pasado que comenzó a sustituir cheques firmados por mano por transferencias electrónicas.
Esta fatiga es atribuida, y no sin razón, a la Concertación Democrática, la coalición de centro-izquierda que ha ganado Chile desde 1990, cuando terminó la dictadura de Augusto Pinochet (ver aparte). Pero parte del problema puede encontrarse en, justamente, la herencia que le dejó el propio Pinochet, que gobernó Chile con mano de hierro desde 1973 hasta 1990.
Esto legó un nudo de leyes que han hecho difícil de cambiar los funcionamientos del estado, además de afianzarlo constitucionalmente. Como el crecimiento sostenido económico aumentó el tesoro público, el gobierno encontró más fácil crear ad hoc los Programas que no requieren la aprobación del Congreso, más que intentar que el Poder Legislativo reestructure las instituciones para que estén más acorde con las demandas actuales.
Este truco demostró ser tan conveniente que algunos de estos programas tienen ahora un presupuesto más grande que muchas agencias gubernamentales, advierte Rosanna Costa, una experta en asuntos fiscales perteneciente al think tank Libertad y Desarrollo.
Algunos de ellos hacen las cosas bien. Uno, Chile Solidario, está en buena parte detrás del éxito en reducir la pobreza en el país. Pero, debido a que estos programas suelen afectar a varios ministerios al mismo tiempo, las eventuales responsabilidades se diluyen. "Ya no se riega la cancha con una manguera, sino con regaderas que operan desde muchos lados: municipios, organismos privados, fundaciones… y en ese camino puede haber escapes de agua", dijo Ramiro Mendoza, titular de la agencia autónoma responsable de revisar al gobierno -la Contraloría General- al diario La Tercera.
Más que agencias, enclaves electorales
En su cuarta administración, la Concertación se ha vuelto tan acostumbrada al poder que la idea del gobierno como una suerte de "voto de confianza" temporal se ha dejado bastante de lado. Los funcionarios reconocen en privado que algunas agencias estatales han sido "copadas" por los partidos que constituyen la coalición de gobierno; que las usan como una fuente de empleos para los miembros que resultan ser temporalmente fuera de la administración; y las miran como una fuente potencial de fondos electorales.
Una ley de 2003, para crear una administración pública profesional, redujo enormemente el número de personas que son designadas políticamente. Cuando la presidenta Michelle Bachelet tomó posesión del cargo en 2006, le permitieron designar solo a 800 funcionarios (de un universo de 160 mil), un cuarto de la cantidad que había designado seis años atrás su predecesor, Ricardo Lagos. Todos los expertos coinciden en que un nuevo modelo de estado es necesario si el gobierno pretende poner en práctica una agenda que incluya una mejor calidad en la educación estatal y una gran reforma en el sistema de pensiones, lo que se estima para julio.
O, advierten, para las elecciones presidenciales de 2009, los votantes pueden concluir que la Concertación es, más que la solución, parte del problema.
De la OEA a La Moneda
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, es uno de los más posibles candidatos oficialistas para la elección presidencial de fines de 2009 en su país, una aspiración que no esconde, en la que discretamente ya trabaja y que haría oficial en octubre próximo, según analistas. Insulza es la carta favorita de la actual directiva del Partido Socialista. AFP
posted by gonzaloaraneda @ 2:05 p. m.
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